Fallo judicial autoriza a circular con tarjeta verde vencida aún sin ser el titular del auto

Un fallo de la Justicia bahiense deja atrás una supuesta exigencia que los automovilistas tenían muy en cuenta a la hora de subirse a un vehículo. Desde siempre, inspectores municipales y policías camineros multaron a aquel conductor que circulara -no siendo el titular- con la tarjeta verde vencida.
La creencia de que sólo para el dueño del auto la Cédula de Identificación del Automotor no vencía quedará atrás luego de una resolución del juez bahiense José Luís Ares que revocó un fallo del Tribunal de Faltas.
Según la interpretación del magistrado, a la que tuvo acceso LA BRÚJULA 24.com, “el artículo 49 de la Ley 13.927, 434 y 435 del Código Procesal Penal, que la condena por haber tenido la tarjeta de identificación del automotor vencida resulta equivocada por aparecer tal conducta atípica, de acuerdo a la normativa vigente”.
Y agrega que “en efecto, el art. 40 inc. “b” de la Ley 24.449, por cuya infracción condenara al automovilista, establece que para poder circular con automotor es indispensable 'que porte la cédula de identificación del mismo' y nada dice la ley sobre el vencimiento de la misma por lo que ello no puede ser exigido por el juzgador, pues es sabido que lo que no está prohibido está permitido”.
La justicia de Faltas había condenado a una pena de mil pesos de multa e inhabilitación especial para conducir por el plazo de ocho meses al ciudadano Diego Alberto Molina, no sólo por manejar el auto de un amigo con la Cédula de Identificación vencida sino también, por circular borracho y en contramano en un Fiat Duna.
Como ya se dijo, Ares revocó la parte del fallo relacionada al vencimiento de la tarjeta verde y además, criticó al magistrado del Juzgado n°2 al afirmar que “las eventuales lagunas legales no pueden ser llenadas por los jueces, que de esa manera se arrogarían funciones legislativas, en desmedro de la división de poderes que diseñan las normas constitucionales, (…) el poder punitivo debe respetar los principios y garantías del derecho penal y procesal consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, no pudiendo ser ignorados por la normativa provincial”.

Fuente: La Brújula 24